En enero de 2025, se adjudicó el proyecto minero El Algarrobo a Compañía de Minas Buenaventura, con una inversión estimada de USD 2,753 millones. Este yacimiento polimetálico, ubicado en Tambogrande (Piura), plantea producir inicialmente 5,000 toneladas diarias, con potencial de crecimiento a 15,000 t/d, y una vida útil proyectada de 7 años.
Sin embargo, las proyecciones actuales indican que la fase de permisos, construcción y puesta en marcha podría tomar hasta 11 años, es decir, un 57% más de tiempo que la propia vida útil de la operación. Esta disparidad plantea una pregunta crucial: ¿cómo es posible que el desarrollo tome más tiempo que la operación misma?
Ciclo formal vs. realidad operativa
Legalmente, el desarrollo minero en Perú debería tomar entre 5 y 7 años, desde la exploración avanzada hasta la autorización de construcción. No obstante, en la práctica, se extiende entre 10 y 12 años, o incluso más, por factores como:
- Retrasos en aprobaciones y observaciones reiterativas de entidades públicas (SENACE, MINEM, ANA, etc.).
- Procesos prolongados de consulta previa y conflictos sociales.
- Superposición de derechos mineros, agrícolas, comunales o forestales.
- Cambios políticos y limitaciones técnicas del Estado para acompañar proyectos.
Este desfase temporal tiene consecuencias financieras directas. Solo por costos de capital, un retraso de 5 años puede representar más de USD 220 millones adicionales (aprox. 8% del CAPEX total) para el inversor. Esto reduce la rentabilidad, complica el financiamiento y, en algunos casos, pone en riesgo la ejecución del proyecto.
¿Qué está en juego para el país?
La minería metálica representa entre 9% y 11% del PBI peruano, dependiendo de los precios internacionales. Esto la convierte en una de las principales fuentes de ingresos fiscales, empleo y desarrollo regional. La falta de agilidad en la tramitología no solo encarece las inversiones, sino que también posterga beneficios sociales y económicos para las comunidades y el país.
¿Cómo podemos revertir esta tendencia?
Desde DC&R creemos que el Perú necesita urgentemente:
✅ Procesos más eficientes y articulados entre entidades del Estado.
✅ Gestión territorial integrada para evitar conflictos por uso de suelo.
✅ Participación ciudadana informada y con enfoque técnico.
✅ Acompañamiento profesional durante todo el ciclo de inversión.
En DC&R, ponemos a disposición del sector minero nuestra experiencia de más de 30 años en entornos complejos de ingeniería y construcción para industrias de alta exigencia como minería, gas & petróleo e infraestructura. Brindamos además asistencia técnica especializada a empresas que requieren interactuar con operadores, contratistas y entidades públicas, desde la gestión de concursos hasta la administración contractual.
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